Estamos asistiendo perplejos ante las declaraciones de todos los actores que intervienen en los precios y beneficios que obtienen los distintos estamentos de la cadena de valor de los productos agroalimentarios. Ninguno de ellos ha analizado objetivamente la realidad del producto desde que se produce hasta que el consumidor lo compra. Son declaraciones políticas e interesadas que en absoluto tienen la intención de explicar cómo se establecen los precios y qué beneficios obtiene cada interviniente frente a los costes en los que incurre. Por ello es fundamental desgranar los pasos que sigue un producto -hemos elegido el tomate como ejemplo- desde que se siembra hasta que lo comemos en una ensalada.

En el primer grupo incluimos al agricultor con todos los gastos inherentes de mano de obra, semillas, maquinarias diversas (en función del tipo de cultivo), terreno, fertilizantes, transporte a la alhóndiga… En la alhóndiga los costes de mermas, comisionistas, fianzas… Los mayoristas fundamentalmente en transporte y comisiones y finalmente los minoristas en transporte, sueldos, gastos tienda y mermas.

Hay diferencias en los costes del canal moderno pero básicamente son los mismos conceptos.

Los datos para explicar este desglose los he tomado de un estudio de la Junta de Andalucía y que son suficientemente clarificadores para los objetivos que me he marcado en este post.

Como podemos ver el beneficio del agricultor es del 11% respecto al PVP sin IVA. Los 5%, 3% y 8% de beneficio corresponderían a los otros 3 grupos respectivamente en la cadena de comercialización tradicional. En la moderna los beneficios de la central hortofrutícola se incluyen en la producción y los de la plataforma logística en los de la tienda de venta. Si vemos los márgenes comerciales del canal (es decir, el porcentaje de aumento del precio entre cada nivel) vemos que el precio de salida del productor y de la alhóndiga o central varía en un 26% y 68% respectivamente. De estos a los mayoristas un 22% y 19% y a las tiendas del 455 y del 44%.

Los costes totales respecto al PVP sin IVA suponen un 73% en la cadena de valor tradicional y un 85% en la moderna. Parece que hay más beneficio y menos coste en la distribución tradicional que en la moderna, por lo que deduzco que la distribución moderna comercializará muchos más kilos de producto que generarán un beneficio neto mayor para los 4 participantes. De otra forma no tendría sentido utilizar un sistema mas caro y menos beneficioso para todos.

Efectivamente no soy ningún experto en la materia, seguro que hay muchos factores adicionales a considerar, pero me he tomado la molestia de ver algunos números para comprobar que los interlocutores de los que nos nutrimos para poder valorar cualquier asunto tergiversan su mensaje y sus razones para conseguir que el público se forme una opinión favorable a sus intereses. Los periodistas deberían perseguir ofrecernos una información objetiva y completa y no ser cadena de transmisión de los intereses de cada entrevistado. Transparentes pero incisivos. Indagar y poner en aprietos los argumentos o la información que vierten los interesados debería constituir la primera regla de los profesionales de los medios de comunicación que representan un cuarto poder de equilibrio en sociedades democráticas que evita los abusos de los otros tres.

Sólo con esta inmersión en este asunto tan en boga, me permite afirmar lo siguiente:

1.- No es verdad que los agricultores sean los que menos beneficio obtienen.
2.- No es verdad que la subida del salario mínimo no haya perjudicado a los costes de producción y encarecido el beneficio
3.- No es verdad que los malvados intermediarios capitalistas y ultraderechistas se lleven pingües beneficios.
4.- No se puede analizar y concluir que la diferencia entre el coste de producción y el de venta se justifique en beneficios de intermediarios que no hacen nada. Transportar, distribuir y vender la producción implica una serie de costes que deben ser repercutidos en el coste del producto y el margen comercial de estos intermediarios es razonable.
5.- Es verdad que la tarea del gobierno es velar porque no haya competencia desleal con productos similares importados de otros países con costes de producción inferiores y exigencias de calidad y control del producto mucho más laxas. Los aranceles tienen esa función y parece que el gobierno no vela por los productores y les perjudica con sus políticas y falta de acción.
6.- Si subes el SMI y metes productos marroquíes con un coste de mano de obra ínfimo, sin controles de calidad, estás atentando contra los productores españoles de manera directa.
7.- Medidas como reducir costes laborales para sector primario, reducir impuestos de carburantes, equiparar los controles de calidad de los productos alimentarios a importaciones y compensar costes de producción de productos extranjeros con aranceles justos ayudarían a mejorarlos márgenes de los productores y bajar los precios de venta del producto en tienda.
8.- Recurrir a subvenciones seguro que acaban en manos diferentes a aquellas que trabajan el campo. Esas inyecciones de capital se detraerán de otras partidas o se obtendrán con nuevos impuestos que pagaremos todos.
9.- No entiendo por qué sindicatos, asociaciones de productores, cooperativas… no pueden reivindicar condiciones justas de competencia que permita al mercado marcar los precios de salida de cada nivel de la cadena de valor.
10.- El tomate no debe ser diferente a cualquier otro producto comercializado y los políticos deben velar porque todos luchen en las mismas condiciones de competitividad, sin meter sus zarpas en todos los niveles de la vida de los ciudadanos.